La ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: ¿una respuesta adecuada al fenómeno actual?

Las nuevas tecnologías crean oportunidades para la explotación por parte de delincuentes y terroristas. Por ejemplo, en África, el sur de Asia y otras partes del mundo, el uso de la telefonía móvil para enviar y recibir dinero o crédito ha superado la posesión de una cuenta bancaria. El rápido crecimiento de los pagos móviles globales y las monedas virtuales exige una atención especial en el ámbito de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo.

El lavado de dinero es el proceso mediante el cual el producto de la actividad criminal parece haber sido obtenido legalmente. Según el FMI y el Banco Mundial, los delincuentes lavan cada año entre dos y casi cuatro billones de dólares. Entre los que buscan disfrazar las ganancias ilegales de sus crímenes se encuentran los narcotraficantes, terroristas, funcionarios públicos y políticos corruptos y grupos delictivos organizados. La introducción de fondos obtenidos ilegalmente en el flujo comercial y en nuestra economía formal permite a los delincuentes sacar provecho de su actividad ilegal, contamina el sistema financiero nacional e internacional y erosiona la confianza pública en la integridad del sistema.

Algunos delincuentes utilizan el sistema financiero para apoyar a terroristas o actos de terrorismo. Los financieros del terrorismo y otros delincuentes utilizan el sistema financiero formal, nuevos métodos de pago como Bitcoin y Ripple, métodos tradicionales de transferencia de valor como hawala, lavado de dinero basado en el comercio y correos de efectivo, particularmente en países con herramientas nacionales contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo inexistentes o débiles.

Las herramientas para prevenir la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales pueden:

1. Exponer la infraestructura de organizaciones criminales, redes de corrupción y conspiraciones para cometer actos terroristas.
2. Proporcionar a las autoridades hojas de ruta para quienes facilitan actividades criminales e ilícitas.
3. Conducir a la recuperación y pérdida de activos adquiridos ilegalmente
4. Apoyar esfuerzos de disuasión amplios y efectivos contra una amplia gama de actividades delictivas, incluida la financiación del terrorismo.

Solo un régimen integral contra el lavado de dinero que recurra a tales herramientas puede evitar que aquellos que financian el terrorismo tengan éxito.

En España contamos con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias que es un organo colegiado, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y compuesta por el titular de esta Secretaría de Estado, que la preside, y por representantes del Ministerio Fiscal, de los Ministerios e instituciones con competencia en la materia (Policía, Guardia Civil, Aduanas, Inspección Financiera y Tributaria, Protección de Datos, CNI), representantes de los órganos supervisores de las entidades financieras (Banco de España, CNMV, D.G. Seguros) y delegados de las CC.AA. con competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

La Comisión actúa en pleno o a través del Comité Permanente, o del Comité de Inteligencia Financiera. Para el cumplimiento de sus funciones, dispone del apoyo del Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) y de la Secretería de la comisión, cuyas competencias las ejerce la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. El (Sepblac) es la Unidad de Inteligencia Financiera de España, siendo único en todo el territorio nacional. El Sepblac es, asimismo, Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Siendo esto una realidad, ¿de verdad España cuanta con los medios suficientes para luchar con garantías contra la financiación terrorista y el blanqueo de capitales?

El Sepblac, con apenas 85 personas y tan solo 15 millones de euros de presupuesto para sus 2 cometidos, a cual de ellos más importantes, tiene en él, la responsabilidad de que se cumpla la ley 10/2010 y su reglamento, además de ser la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de España. Con estos datos escalofriantes que dejan claro cuál es la apuesta por parte de nuestros políticos de turno, la respuesta a la pregunta anterior casi se contesta por si sola. Ojo, ni un pero a los profesionales que conforman el Sepblac, que se dejan la piel haciendo lo que pueden, con los medios de que disponen. Me consta tal circunstancia.

¿Cómo vamos a poder cumplir el punto quinto de la estrategia de prevención de la utilización del sistema financiero para la financiación del terrorismo, que es la realización de campañas de concienciación, información y divulgación de la acción pública en materia de prevención de la financiación del terrorismo, que como primer objetivo debería ir dirigido especialmente a los sujetos obligados de la ley 10/2010, si no tenemos un céntimo de euro?

Entonces…¿para cuándo la comisión pulsara la opinión de los expertos que están todos los días con los sujetos obligados de todo tipo de letra, de toda condición y tamaño? ¿Para cuándo los expertos externos representados en varias asociacione,s ya constituidas o no, formarán parte, fomentando la participación ciudadana, de alguno de los organismos existentes?

En definitiva, una vez más dependemos de la voluntad del político de turno, pero no sólo de ellos; los directores que dirigen los organismos, a veces, subsanan la pasividad e ineptitud política, y para muestra, un botón; en Valencia el director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, ha creado el consejo de participación ciudadana de la agencia, que estará formado por asociaciones dedicadas a luchar contra la corrupción. Usando la frase de moda…¡yo ahí lo dejo!

Juan Carlos Galindo.

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