La profesión de experto externo en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Algunos aspectos de interés

Ni el Sepblac ni ningún otro organismo tienen atribuidas funciones de acreditación, registro o habilitación de expertos externos. Corresponde a los sujetos obligados el ejercicio de la máxima diligencia en la selección del experto externo que ha de examinar sus procedimientos de control interno.

Así es, somos profesionales reconocidos por la ley y dicha ley nos dice como hacer nuestro trabajo, pero deja al mercado nuestra regulación profesional. Pero veamos qué dice la ley al respecto.

El artículo 28 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece que las medidas de control interno adoptadas por los sujetos obligados deben ser objeto de un examen anual por parte de un experto externo. El informe del experto externo deberá describir de forma detallada las medidas de control interno adoptadas por el sujeto obligado, valorando su eficacia operativa y proponiendo, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras.

Ostentan la condición de experto externo las personas que, a efectos de lo establecido en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, hayan comunicado al Sepblac su intención de actuar como tal. Los sujetos obligados deben encomendar la práctica del examen externo a personas que reúnan condiciones académicas y de experiencia profesional que las hagan idóneas para el desempeño de esa función. En consecuencia, es responsabilidad de los sujetos obligados seleccionar profesionales adecuados, así como verificar que el examen externo se realice en los términos establecidos en la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio.

Los expertos externos tienen por objeto la realización de un examen anual de las medidas de control interno a las que se refieren los artículos 26, 26 bis y 26 ter de la Ley 10/2010, de 28 de abril, adoptadas por los sujetos obligados.

Los resultados de los exámenes realizados por los expertos externos han de ser consignados en un informe escrito que describa detalladamente las medidas de control interno existentes, valore su eficacia operativa y proponga, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras. Asimismo, en los dos años sucesivos a la emisión del informe, éste podrá ser sustituido por un informe de seguimiento que, emitido por el experto externo, se refiera exclusivamente a la adecuación de las medidas adoptadas por el sujeto obligado para solventar las deficiencias identificadas en el examen inicial.

Los sujetos obligados no podrán encomendar la práctica del examen externo a personas que les presten o hayan prestado cualquier otra clase de servicios retribuidos durante los tres años anteriores o posteriores a la emisión del informe.

Hasta aquí la regulación del experto externo en cuanto a la revisión del plan de prevención. En el mismo, nada se dice sobre los servicios de elaboración e implantación del plan de prevención. Algunos expertos externos, sobre todo los que prestan servicios a sujetos obligados no financieros, basan su trabajo en la consultoría inicial de cumplimiento de la ley. Por lo tanto, no sería descabellado que se hiciera alguna referencia al respecto.

Otro problema que se encuentra el S.O. es cómo identificar a los profesionales adecuados o no. Este vacío legal lo han intentado suplir, sin existo alguno, algunas asociaciones, ofreciendo certificaciones sin ningún valor, tal y como lo apunta el propio SEPBLAC. Pero estas iniciativas vienen provocadas por un vacío legislativo, que, aunque la propia ley y el SEPBLAC lo dejan claro, el S.O. no parece entenderlo.

Pero quizás, la falta de comunicación de los organismos reguladores y supervisores hacia los expertos externos sea lo más preocupante. Que un E.E. tenga que pagar hasta 300€ jornada para escuchar en un evento privado a funcionarios públicos que pertenecen a dichos organismos, a los que ya pagamos un buen salario, las últimas novedades para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las cuales deberían de fluir rápidamente hacia nosotros, la verdad, no parece lo más correcto.

En definitiva, los E.E. seguiremos con la formación privada existente y seguiremos pagando esas jornadas donde asisten representantes (funcionarios del estado) de los organismos reguladores y supervisores, porque queremos ofrecer el mejor servicio al sujeto obligado, el cual depende de nuestros conocimientos para cumplir con la ley y si no pagamos no nos enteramos. ¿Para cuándo la participación profesional en estos organismos?

Juan Carlos Galindo.

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